El juez en el caso de asesinatos de Idaho restringe la orden de mordaza que impide que las personas relacionadas con el juicio hablen

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BOISE, Idaho — Un juez de Idaho rechazó una solicitud de unas dos docenas de organizaciones de noticias para levantar una orden de mordaza en el caso penal de un hombre acusado de matar a puñaladas a cuatro estudiantes universitarios de la Universidad de Idaho. Sin embargo, el juez redujo significativamente la orden de mordaza en respuesta a las preocupaciones de los medios de comunicación.

La sentencia se dictó a última hora de la tarde del viernes.

En él, el juez del segundo distrito, John Judge, dijo que era legalmente prudente restringir que los abogados hicieran ciertas declaraciones sobre el caso para preservar el derecho de Bryan Kohberger a un juicio justo. Sin embargo, el juez también dijo que la orden de mordaza inicial, que también prohibía a los agentes del orden y otras personas indirectamente conectadas con el caso hablar con la prensa, era “posiblemente demasiado amplia y vaga en algunas áreas.

Kohberger, de 28 años, está acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y robo en relación con los asesinatos con arma blanca en Moscow, Idaho. Los fiscales aún tienen que revelar si tienen la intención de buscar la pena de muerte.

Los cuerpos de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin fueron encontrados el 13 de noviembre de 2022 en una casa de alquiler frente al campus de la Universidad de Idaho. Los asesinatos conmocionaron a la comunidad rural de Idaho y la vecina Pullman, Washington, donde Kohberger era estudiante de posgrado en criminología en la Universidad Estatal de Washington.

El caso recibió amplia publicidad y, en enero, la jueza del condado de Latah, Megan Marshall, emitió la orden de mordaza que prohibía a los abogados, las fuerzas del orden y otras personas asociadas con el caso hablar o escribir al respecto.

Une coalition de 30 agences de presse, dont l’Associated Press, a demandé à la Cour suprême de l’Idaho plus tôt cette année de rejeter l’ordonnance de bâillon, affirmant qu’elle viole les droits du premier amendement d’une presse libre. El tribunal superior se negó a pronunciarse sobre si la orden de mordaza violó los derechos constitucionales de las organizaciones de noticias y dijo que la coalición de medios primero debería pedirle a la corte inferior que levante la orden antes de proceder y pedirle a la Corte Suprema de Idaho que intervenga.

“Este Tribunal ha respetado durante mucho tiempo el papel de los medios en nuestra república constitucional y ha cumplido las promesas de la Constitución de Idaho y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, escribió el juez Gregory Moeller en el fallo del Tribunal Superior. Continuó citando un fallo de un caso federal que establece que la cobertura mediática responsable “protege contra los errores judiciales” al someter al sistema de justicia y a quienes lo integran al escrutinio público.

En el fallo del viernes, el juez del segundo distrito dijo que la orden de mordaza tenía un propósito legítimo y que «los efectos secundarios muy limitados de las restricciones de expresión sobre los derechos de la Primera Enmienda de los medios son negados por el imperativo de interés propio para garantizar un juicio justo por parte de un juez imparcial». jurado».

La nueva orden de mordaza, oficialmente llamada «orden de no divulgación», prohíbe que cualquier abogado que represente a las partes, víctimas o testigos en el caso haga declaraciones que puedan tener una «probabilidad sustancial de causar daño material o material». el caso».

A los abogados se les permite comentar sobre asuntos tales como cuestiones de procedimiento, planificación y hacer declaraciones que un abogado pueda razonablemente considerar necesarias para proteger a su cliente de los efectos adversos significativos de la publicidad reciente; por ejemplo, es probable que hagan comentarios públicos para corregir información errónea sobre su cliente. .

No pueden expresar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado fuera de la sala del tribunal, y no pueden compartir información que saben que no estaría permitida en el tribunal. Tampoco pueden hablar sobre el carácter de un testigo, el testimonio esperado, la probabilidad de un acuerdo de culpabilidad u otros temas relacionados con el caso.

“Nos complace que la Corte haya reducido significativamente la orden de no divulgación, un claro reconocimiento de que la orden original era demasiado amplia”, dijo Wendy Olson, la abogada que representa a la coalición de medios. «Todos estamos de acuerdo en que los derechos de la Sexta Enmienda de un acusado son importantes, pero al preservar esos derechos, ni las partes ni los tribunales pueden negar por completo los derechos de la prensa de la Primera Enmienda». La prensa en casos como este proporciona una transparencia importante sobre cómo funciona el sistema de justicia penal.

El juez también rechazó una solicitud relacionada con una orden de mordaza de un abogado que representa a una de las familias de las víctimas. Shanon Gray, quien representa a la familia Goncalves, pidió que se la retirara de la orden de mordaza para poder hablar con la prensa en nombre de la familia.

En la decisión, el juez señaló que, como abogado, Gray podría tener acceso a información confidencial sobre el caso que sería perjudicial si se hiciera pública.

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