Mientras ex fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas continúan en prisión sin derecho a arresto domiciliario las puertas para exfuncionarios acusados de corrupción se abren de par en par.
El último caso es el del excandidato presidencial Manuel Baldizón quien estuvo prófugo por dos años; además fue condenado en EE.UU. y después de cumplir su pena en ese país fue deportado hacia Guatemala donde tiene varios procesos pendientes, de los que se salido bien librado. Son los casos Odebrecht y Transurbano. Dos jueces le impusieron una multa de Q1 millón y otro Q800 mil que Baldizón pagó casi de inmediato.
El pasado 9 de enero, el juez Juan José Jiménez ligó a proceso penal a Baldizón, pero lo benefició con una medida sustitutiva en caso Odebrecht donde él recibió por lo menos US$1.3 millones para financiar a su partido político. En este caso fue la misma FECI de Consuelo Porras, quien peleó para que los acuerdos de colaboración eficaz fueran anulados, algo que benefició a Baldizón.
Mientras que el 19 de octubre la jueza Virginia de León benefició a Baldizón con una caución económica de Q1 millón por el caso Transurbano debido a que se comprobó que desvió por lo menos Q6.5 millones del subsidio del Transurbano para su campaña política.
Esto demuestra el trato diferente que se le está dando a ex fiscales que lucharon contra la impunidad y a políticos que cometieron actos de corrupción, ya que a estos segundos, las puertas se las abren de par en par.
Alejandro Sinibaldi: Otro político implicado en el caso Odebrecht
El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi también está en el ojo del huracán por los numerosos casos de corrupción que se le imputan. Se le acusa de haber establecido una trama de corrupción para beneficiar a Norberto en el sonado caso Odebrecht, tras recibir un total de $31.95 millones y utilizar sus influencias para dirigir fondos públicos hacia empresas de cartón.
Estas empresas facturaban grandes sumas de dinero que provenían de sobornos. Comunicaciones les debía un pago, pero el ex ministro se quedaba con un porcentaje. Se le acusa también por haber participado en el Caso La Coperacha, donde el expresidente Otto Pérez Molina recibió diversos regalos de alto valor y también aportes económicos en ocasión de cada cumpleaños. Ahora el exmandatario se encuentra condenado por La Línea. Estas irregularidades cometidas por el ex ministro le han costado la condena.
Por otro lado, El Ministerio Público ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre dos fincas ubicadas en los municipios de Pueblo Nuevo Viñas y Barberena, Santa Rosa, propiedad de Alejandro Sinibaldi. Conocidas como El Cintular y El Carmen, estas tierras colindantes han sido entregadas a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Esta determinación se debe a que estos terrenos fueron comprados a través de una entidad constituida por el exministro en Panamá con el objetivo de recibir sobornos de parte de la constructora Odebrecht durante el periodo de gobierno del Partido Patriota (PP).